SANTO DOMINGO — El Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, se pronunció a favor de la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, proyectada para el próximo 3 de agosto. Tras más de dos décadas de debates legislativos, el prelado subrayó que la nación requiere con urgencia una actualización de su marco normativo penal para hacer frente a los desafíos de la criminalidad actual y garantizar el orden público.
No obstante, en sintonía con la prudencia pastoral, Mons. Morel Diplán respaldó la iniciativa de revisar de manera inmediata los 18 artículos señalados por el Poder Ejecutivo, haciendo un énfasis especial en aquellos preceptos que puedan incidir directamente sobre la libertad de expresión. El líder eclesial exhortó a los legisladores a aprovechar los días previos a la vigencia de la norma para realizar las adecuaciones necesarias que aseguren el pleno respeto a los derechos fundamentales.
Escuchar la voz del pueblo: Un deber en la sociedad civil
Al ser consultado sobre las recientes manifestaciones populares y las protestas con cacerolazos registradas en el país, el Arzobispo Coadjutor valoró de forma positiva estos mecanismos de expresión ciudadana dentro de los límites de la legalidad.
«Es una expresión importante que el pueblo se manifieste. En una sociedad democrática, la participación del pueblo es algo a lo que hay que poner atención», puntualizó Mons. Morel Diplán.
Desde la perspectiva del pensamiento social de la Iglesia, la participación activa de los ciudadanos en los destinos de su nación no solo es un derecho, sino un deber moral encaminado a la construcción del bien común. El prelado recordó que la ciudadanía cuenta con motivaciones legítimas vinculadas a la realidad socioeconómica del país, tales como las reformas fiscales, el costo de la vida y el acceso a los servicios básicos.
Cohesión social ante las tensiones económicas
Mons. Morel Diplán reconoció que las revisiones y reformas de carácter económico suelen generar inquietud y «provocar dolor» en la población, lo cual justifica el derecho de la ciudadanía a manifestar respetuosamente ante el Estado cuando percibe que sus condiciones de vida se ven afectadas.
El llamado de la Iglesia en esta coyuntura se orienta a que las autoridades mantengan una actitud de escucha activa y apertura democrática, priorizando siempre la justicia social y evitando que las justas demandas de la población se tornen en escenarios de polarización o conflicto estéril.